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SEIS AÑOS DE PRISIÓN PARA juan Carlos Salazar Nina y Remedios FloreS

Condenan a talleristas esclavizadores

02/01/2014 - Nueve propietarios de talleres textiles clandestinos fueron condenados por la justicia a penas de hasta seis años de prisión al ser hallados culpables de los delitos de reducción a la servidumbre y facilitación de permanencia ilegal de extranjeros en territorio nacional. Se trata del primer juicio que se realiza por la explotación laboral registrada en talleres clandestinos ubicados en Flores y Floresta, los cuales trabajaban para importantes marcas de indumentaria. Entre los condenados se encuentran Juan Carlos Salazar Nina y Remedios Flores, ambos denunciados por La Alameda y La Defensoría, quienes desde el año 2005 están siendo investigados.

EMBLEMA DEL BARRIO
PARQUE AVELLANEDA

Nombre dado por Ordenanza N° 26.607, Boletín Municipal 14.288 del 04/05/1972.

Límites: Av. Juan B. Alberdi, Escalada, Av. Castañares, Lacarra, Av Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, Portela, Av. Directorio y Mariano Acosta.

Población total: 54.191

Hombres: 25.484

Mujeres: 28.707

Superficie: 5,1 Km2

Densidad poblacional: 10.614 Hab/km2

(Censo del 1º de julio de 2001 )

A fines de octubre del 2005 el Juez Federal Norberto Oyarbide allanó dos talleres clandestinos, iniciando una investigación que demoraría años en dar sus frutos. Lo paradojal del hecho es que los acusados continuaron con su actividad textil ilegal sin ser molestados, a pesar de que uno de los talleres lindaba con los fondos de la Comisaría Nº 40.

Los jueces María del Carmen Roqueta, José V. Martínez Sobrino y Julio Luis Panelo impusieron condenas de seis años de prisión a Juan Carlos Salazar Nina y Remedios Flores Alarcón, de nacionalidad boliviana, y de tres años a Han Ki Gone, Kim Ki Ja y Sung Ho Han, ciudadanos coreanos. También impuso dos años de prisión para Amalia Cancari Nina y Julio Parisaca Cocarico, y uno para Lucio Huaca Calisaya y Esteban Lucana Choque, en tanto fueron absueltos Martín Fernández Llanos y Andrea Mariana Beatriz Reparaz Fiori.

En la causa se investigaron los delitos previstos en los artículos 140 del Código Penal que penaliza la reducción a la servidumbre y 117, agravado por los artículos 120 y 121 de la Ley 25.871 de Migraciones.

Juan Carlos Salazar Nina y Remedios Flores eran los dueños o encargados responsables de los talleres ubicados en Laguna 940 y E. Garzón 3853.

Julio Parisaca Cocarico fue detenido como responsable del taller sito en Portela 1251.

Sung Ho Han, Han Ki Gone y Kim Ki Ja fueron detenidos en el interior de la finca sita en Ramón Falcón 3175.

Esteban Mario Lucana Choque fue imputado como responsable del taller que funcionaba en la calle Rafaela 3745, al igual que Lucio Huaca Calisaya y Martín Fernández Llanos.

En estos talleres habitaban y trabajaban personas, muchas de ellas residentes ilegales, incluidos menores de edad, en una situación al menos análoga a la esclavitud.

Muchos de los trabajadores que desempeñaron sus labores en los talleres allanados fueron traídos desde su país de origen con la promesa de empleo y buenos salarios, incluso en dólares. Sin embargo, la realidad fue completamente distinta, encontrándose de pronto en un país extraño, bajo el imperio de quien los había traído o hechos traer, amenazados de ser deportados (según podían imaginar) debido a su situación ilegal en el país, hacinados junto a muchos otros connacionales y sin dinero ni posibilidades de irse de los lugares en donde se alojaban.

Hace un año atrás, dos costureros de la Alameda (haciendosé pasar por gente en situación de vulnerabilidad que buscaba desesperadamente empleo), lograron entrar y filmar con cámara oculta al taller de Garzón 3853. Los atendió la hoy condenada Remedios Flores, quien les explicó que en ese taller se pagaban 3 pesos por prenda, que las jornadas eran como mínimo de 14 horas y que muchos costureros estaban allì con cama adentro.

A Remedios Flores y a su cónyuge Salazar Nina, pareció no importarles que la paga ofrecida a sus operarios fuera la mitad del sueldo mínimo, que la jornada de trabajo contemplada excediera la legalmente permitida, ni que sus operarios fueran migrantes (en situación irregular) contratados irregularmente.

Ahora ellos (mas otros tantos talleristas que operaban con las mismas artimañas) recibieron condenas que pueden parecen leves, en especial si tenemos en cuenta el daño provocado, pero que poseen el mérito de marcar el inicio de una operatoria que esperemos pueda ser sostenida por nuestra justicia. Los explotadores deben ir a la cárcel.

Carlos Davis

Fuente: Página 12 - Notas de archivo propio

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